Es indudable que la crisis financiera actual está afectando a todos los estamentos de la sociedad y a todo tipo de negocios. El mundo del fútbol profesional, tan generoso en su gasto en años anteriores, no es una excepción. En los últimos años, numerosos clubes han efectuado inversiones mayores de las que podían acometer y sus balances se han visto descuadrados. La consecuencia directa de todo ello son las cuantiosas deudas derivadas de los intereses financieros, y en muchos casos, el impago a los jugadores. Para evitar males mayores, como descensos de categoría o desapariciones, los clubes se aferran al concurso de acreedores.

Hace unos pocos años se popularizó el sobrenombre de “Liga de las estrellas” para hacer referencia a la Primera División del Fútbol Español. Gracias a los recursos obtenidos por los clubes procedentes de los derechos televisivos, los mejores jugadores del mundo comenzaron a desembarcar en nuestro país a cambio de cantidades desorbitadas (fenómeno que se vio además reforzado por los incentivos que ofrecían las leyes fiscales españolas, como la famosa Ley Beckham, hoy derogada); los equipos gastaron cantidades ingentes en la remodelación de sus estadios, e incluso, algunos iniciaron la construcción de nuevos feudos, acometiendo importantes gastos a largo plazo que les obligaron a endeudarse.

Se han venido explotando nuevas fuentes de ingresos (derechos de televisión, derechos de imagen de los futbolistas, contratos de patrocinio con grandes empresas, giras de pretemporada en Asia o América, globalización del merchandising, etc.),  pero éstos no han sido suficientes para hacer frente a los gastos financieros e intereses derivados de las operaciones de inversión efectuadas, de manera que, muchos de ellos han tenido que solicitar nuevos préstamos o renegociar los que ya tenían. Y en último extremo, al acumular deudas con otros clubes, con sus propios jugadores, con la Seguridad Social o con Hacienda, han decidido acogerse al concurso de acreedores.

Ello implica que una Administración Concursal se ponga al frente del club, controlando y limitando sus gastos, lo que puede conllevar una desventaja competitiva frente a sus rivales más próximos. Al prevalecer la Ley Concursal sobre los Reglamentos Federativos, que prevén el descenso de categoría en caso de deudas, el Juez de lo Mercantil puede ordenar en aras de la supervivencia de la entidad y del mantenimiento de la actividad, que el descenso no se haga efectivo, por lo que el club en concurso seguirá disfrutando de los beneficios inherentes a su pertenencia en una categoría superior.

Los ejemplos de equipos que han solventado con éxito sus dificultades económicas y siguen militando en Primera División son numerosos, entre ellos se encuentran el Málaga y el Sporting de Gijón. Ante la buena marcha de estos procedimientos concursales, otros clubes han decididos iniciar los trámites para solicitar el concurso de acreedores: el Alavés, el Levante, el Celta de Vigo, la Real Sociedad o el Mallorca. Todos ellos ven en la Ley Concursal la salvación a una mala gestión y a la permisividad con la que la LFP y la RFEF llevan el control de sus cuentas.