Los signos de alerta procedentes del mercado inmobiliario nos hacen constatar que nos hallamos ante una crisis de consecuencias difíciles de determinar todavía. Lo único previsible en este escenario es que las principales victimas de la situación tan poco halagüeña que se aproxima serán los pequeños inversores y los acreedores que, desconociendo a menudo los riesgos a los que se enfrentaban, hayan decidido destinar sus ahorros a adquirir valores mobiliarios en las empresas promotoras, constructoras o mediadoras relacionadas con el sector de la construcción o, simplemente, trabajar para ellas.

Si bien es cierto que la inversión en bolsa supone, en sí misma, una inversión no exenta de riesgos, cuando las causas que han provocado pérdidas multimillonarias no son externas, quizá debamos pensar que la responsabilidad no está solamente en el riesgo, sino que parte de ella pueda encontrarse dentro de la propia sociedad. Los excesos de agresividad inversora que hemos visto en los últimos meses, cuando ya se avistaban signos de crisis, la incontenible política de fusiones y la poca prudencia contable que se ha desplegado, especialmente en el seno de las compañías inmobiliarias cotizadas, son datos que nos permiten concluir que los administradores sociales no pueden escudarse en la coyuntura económica y en el natural riesgo que implica cualquier inversión en bolsa, para eludir la responsabilidad por unos daños que, en parte, son consecuencia directa de sus actuaciones.

Los accionistas minoritarios y los acreedores de sociedades mercantiles en dificultades económicas tienen numerosos mecanismos a su alcance para tratar de paliar los resultados desfavorables de sus inversiones. La alta dificultad técnica que presentan, sin embargo, puede hacerles desistir del intento, lo que contribuye con frecuencia a la total impunidad de los verdaderos responsables, que suelen salir indemnes, e incluso enriquecidos, de estas situaciones de crisis. Conviene, pues, que los accionistas, individualmente o asociándose con otros, se movilicen en defensa de sus legítimos intereses. UNIVE Servicio Legal (www.unive.es) está en condiciones de prestar asesoramiento a través de su servicio de interés social a fin de evaluar las posibilidades reales que existen de entablar acciones de responsabilidad en defensa de los inversores que han visto reducida al mínimo la cotización de las sociedades en las que depositaron sus ahorros.